CREACIÓN DE UN SERVICIO JURIDICO ESPECÍFICO PARA LA DEFENSA DE LA PROFESIÓN CON EL OBJETIVO DE LITIGAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE EN FAVOR DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ARQUITECTOS
Justificación
En diciembre de 2015 solicitamos a la Junta de Gobierno que realizara las gestiones necesarias ante los diferentes ayuntamientos y organismos públicos como la Comunidad Autónoma de Madrid, para que sus servicios técnicos, garanticen el cumplimiento y la aplicación de la LOE en la tramitación de sus expedientes. La actual Junta de Gobierno asumió la petición, enviando una carta a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Se solicitaba asimismo que la Junta de Gobierno comunicara mensualmente a la Comisión Permanente de este Colegio el progreso de estas gestiones y los avances conseguidos de forma que en el plazo de tres meses se pudiera hacer una valoración de la estrategia utilizada y, si fuera necesario, discutir otras alternativas.
Han pasado casi dos años y actualmente seguimos observando con preocupación cómo esta propuesta no ha conseguido solucionar el problema de fondo ya que se siguen concediendo licencias urbanísticas en materias que afectan a las competencias exclusivas de los arquitectos (grupo A de la LOE) con proyectos de ejecución de otros técnicos, principalmente arquitectos técnicos, ingenieros de la edificación, ingenieros industriales y de caminos. También se ha podido constatar como determinados proyectos firmados por un arquitecto en uso de las competencias reconocidas por la LOE, (como pueda ser el de electricidad en un edificio), no son admitidos en determinados organismos como la Comunidad de Madrid si no van firmados por un ingeniero industrial
Esta situación se ve agravada por un marco regulatorio de las ordenanzas de tramitación de licencias que presenta serias carencias, vacios y lagunas legales por lo que en la tramitación de expedientes, se aplican diferentes criterios que quedan a la discrecionalidad de los departamentos técnicos encargados de la revisión de los proyectos. Este es el caso de las sucesivas modificaciones de la Ordenanza de tramitación de licencias del Ayuntamiento de Madrid, con la aparición de las “declaraciones responsables” en el caso de actividades económicas o la aplicación de la “comunicación previa” para muchos tipos de actuaciones sobre la edificación, que favorecen la desaparición del proyecto y/o documentación técnica firmada por un arquitecto en la tramitación del expediente de licencia. Combinación muy desafortunada en la que parece que se va a ahondar en la actual revisión de esta Ordenanza, aún en contra de la opinión de muchos técnicos municipales que no comparten las bondades de este modelo.
En relación con las atribuciones profesionales recogidas en la LOE, los departamentos jurídicos de muchos ayuntamientos prefieren no hacer la criba de quién es el técnico competente dando por buena su capacitación si viene avalado por su colegio profesional, lo que lleva en la práctica a la situación ya comentada: profesionales con otras titulaciones realizando proyectos de ejecución e informes cuya competencia es de arquitecto con el único respaldo del visado de su respectivo colegio.
Este intrusismo es cada vez más frecuente, facilitado en gran medida por que estos colegios profesionales responden puntualmente con denuncias a través de sus servicios jurídicos contra los ayuntamientos cuando se produce un rechazo de los proyectos firmados por sus técnicos por no considerarlos competentes.
La situación que se deriva de esta práctica es que hoy en día la defensa contra el intrusismo está más en la acción de los colegios profesionales y sus servicios jurídicos que en la acción de la administración. En ese sentido vemos con preocupación las insuficientes medidas que ofrece el COAM en este aspecto tan vital para la profesión, empezando por un servicio jurídico dedicado a esta tarea.
Por otro lado, frente a los desafíos que se plantean en el horizonte, no sabemos si realmente existe una estrategia de ir acumulando jurisprudencia para defender nuevas atribuciones cuando éstas se vuelvan a poner en discusión.
Temas como por ejemplo la suscripción del Informe de Evaluación del Edificio, (actualmente de competencia de arquitectos y arquitectos técnicos pero a la espera de ser modificada por una futura Orden del Ministerio de Fomento para abrir este campo a otros titulados ingenieros) obliga a estudiar una defensa efectiva si no queremos ver mermado este nicho de trabajo.
Por todo lo expuesto, consideramos de vital importancia un posicionamiento del COAM que defienda nuestra capacitación en estos ámbitos para evitar una significativa pérdida de oportunidades de trabajo y el intrusismo profesional. Una situación que finalmente también afecta a la economía del COAM al reducirse enormemente el número de expedientes visados y por supuesto a la seguridad jurídica de los arquitectos. Parecería que en el COAM tenemos casi una tendencia a no visar cuando los ingenieros lo visan todo y consiguen tramitar muchísimos proyectos.
Entendemos que el COAM debe asumir como prioritaria la defensa del colegiado y no sólo de una manera "retórica" sino efectiva con los recursos legales y materiales necesarios. Para ello nos parece imprescindible crear un servicio jurídico específico para litigar en defensa de la profesión con dos ámbitos principales:
Contra el INTRUSISMO mediante la defensa de las competencias exclusivas legalmente reconocidas en el grupo A de la LOE, litigando contra la CONCESIÓN de cualquier licencia o documento integrante de la documentación de cualquier licencia redactado por técnico no perteneciente al grupo A de la LOE, garantizando así la calidad de la documentación de dicha licencia.
Contra el RECORTE COMPETENCIAL mediante la defensa de las competencias legalmente reconocidas en los restantes grupos de la LOE, litigando contra la DENEGACIÓN o inadmisión de proyecto o documento redactado por arquitecto en materias sobre las que tenemos reconocida competencia legal, como son los proyectos de instalación eléctrica en edificios proyectados por nosotros por ejemplo.
Se plantea esta propuesta con un objetivo a largo plazo de ir acumulando precedentes judiciales con los que facilitar a los servicios jurídicos de los ayuntamientos la adopción de pronunciamientos justificativos a favor de las competencias exclusivas de los arquitectos en proyectos del grupo A de la LOE, así como del reconocimiento competencial de los arquitectos en el resto de grupos de la LOE y de proyectos asociados a nuestras edificaciones.
REFUERZO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CON LA CREACION DE UNA DIVISIÓN ESPECÍFICA PARA LITIGIOS EN DEFENSA DE LA PROFESIÓN CON DOS OBJETIVOS PRINCIPALES:
1. CONTRA EL INTRUSISMO.
2. CONTRA EL RECORTE COMPETENCIAL.
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