27.2.14

¿UNA PROFESIÓN CAMINO DEL EXTERMINIO?

La crisis ha dejado sin trabajo a una gran parte de los arquitectos. Muchos se ven forzados a cambiar de profesión, otros a emigrar. Del resto: la mayoría de los autónomos malvive de pequeños encargos que se pagan a precios infames. En cuanto a los arquitectos empleados, por su parte, soportan bajos salarios y pésimas condiciones de trabajo.
De todo esto ningún arquitecto se ha quejado. Lo asumimos como un hecho de la naturaleza, aunque no lo sea.

Sin embargo hay dos cuestiones que no son consecuencia de la crisis sino de decisiones políticas.

Una de ellas se refiere a los encargos públicos. Los pocos que se realizan se adjudican - como es obligado - a través de concurso. 
A estos concursos son muy pocos los que pueden acudir; ya que las exigencias de solvencia técnica y económica son desmesuradas. Para trabajos que pueden ser asumidos por la mayor parte, sino por toda la profesión, se demandan una experiencia y unos recursos económicos muy superiores a los del propio encargo. Y por lo general esta experiencia se refiere solamente a la realizada durante los últimos tres años. Con ello se consigue excluir a la casi todos los profesionales porque son estos años precisamente los más duros de la crisis.
Huelga decir que por lo general las convocatorias tienen  plazos irrisorios y que la documentación con la que se ha de acudir llega en ocasiones al nivel de proyectos completos. Con lo cual se agranda la sospecha de que se trata solo de vestir un muñeco que ya ha sido fabricado.

La segunda se refiere al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
La orientación hacia la competencia es radical en el peor sentido. Como si hubiera pocos arquitectos, ahora también podrán firmar proyectos de arquitectura los ingenieros: así se supone que esa competencia nos hará más eficaces y baratos. Algo que - por lo visto - no somos suficientemente; a pesar de que el número de estudiantes y de escuelas de arquitectura no cesa de aumentar.
Por las dudas, se prohiben también los Baremos Orientativos de Honorarios. Como cuando se prohibieron en 1998 las Tarifas Mínimas con la excusa de que así bajaría el precio de la vivienda. El problema de estas medidas es que quienes las toman nunca asumen luego responsabilidades por sus consecuencias o, cuando menos, por sus palabras.


¿A donde pueden conducir estas políticas? Lo lógica dice que solamente a un sitio: pocas y grandes empresas de servicios de arquitectura concentrarán la mayor parte de los encargos públicos y tendrán a su disposición una inmensa masa de profesionales en condiciones de ser empleados en mediocres condiciones.

Y quizás esto sea inevitable, o no: cada uno puede opinar al respecto. Lo que molesta mucho es que se haga de tapadillo al tiempo que se proclama la importancia de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. O que se impulse a competir sin límite como si no se supiera que todo trabajador - y los profesionales lo son - ha de recibir una retribución digna.


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